Militarización de la seguridad,
denuncias en la sombra

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La Fuerza Armada acumula más de trending_up 880 denuncias ante la PDDH desde 2009, año en que se aprobó por decreto ejecutivo y de forma temporal, que los militares se desplegaran y apoyaran a la PNC en la seguridad pública

account_circle María Cidon / Diario El Mundo

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) suma 889 denuncias por violaciones de derechos humanos entre 2009 y 2015, según el registro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) . Esta cantidad no es tan significativa si se compara con las 1,382 denuncias que acumula la Policía Nacional Civil (PNC) solamente entre 2014 y 2015, según el último informe de labores de la Procuraduría. Pero la tendencia en cuanto a las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por militares es al alza y la FAES ya forma parte de las 10 instituciones más denunciadas ante la PDDH, donde el primer lugar le pertenece a la Policía desde hace años.

El aumento de denuncias comienza un año después de aprobarse el decreto ejecutivo número 60 que permitió desplegar a los soldados pasando de los 40 casos reportados en 2009, a 165 en 2010, es decir, un aumento del 313 %. Desde entonces las denuncias nunca han bajado de la centena.

Pero 2012, el año de la tregua entre pandillas, es hasta la fecha el que más casos registra con un total de 186 denuncias. Entonces San Salvador, Santa Ana y San Miguel acumularon 93 denuncias, es decir el 50 % del total registrado ese año. [Ver mapa]

Entre las 128 denuncias de 2014, se registraron cinco casos de presunta desaparición forzada que fueron retomados por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos.

El 18 de febrero de 2014 tres jóvenes de Armenia, Sonsonate, desaparecieron presuntamente a manos de seis militares. Los otros dos casos fueron reportados el 30 de julio en San Martín, San Salvador, cuando dos menores de edad que se dirigían al mercado fueron detenidos por militares que patrullaban en la colonia Anémona.

En el caso de Armenia se siguió un proceso judicial y los imputados finalmente fueron sobreseídos. En el caso de San Martín, la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (Asdehu) ha presentado recientemente un hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional. Según los testimonios, en ambos casos los jóvenes fueron registrados y llevados a una zona donde domina la pandilla contraria, una amenaza directa contra su integridad.

Este año la PDDH recoge 141 denuncias entre enero y noviembre, un aumento del 10 % respecto a 2014. El departamento que más denuncias registra es Usulután, un total de 28. En Puerto del Triunfo, municipio de ese mismo departamento, un joven denunció las torturas sufridas en dos ocasiones por parte de militares de la zona. La PDDH emitió una resolución en septiembre para denunciar el caso.

“Fue agredido con golpes, y por órdenes de un oficial le metieron la cabeza en varias ocasiones a una cubeta con agua y lo lanzaron a una piscina”, señala la resolución.

DENUNCIAS AL ALZA

El despliegue de los soldados en el apoyo a las labores de seguridad pública se aprueba en 2009, año en que se registraron 4,382 homicidios y se ha mantenido y reforzado hasta 2015 cuando se cuentan más de 6,300 homicidios. En este contexto se justifica el apoyo de FAES, para el establecimiento de la paz interna, una tarea que según la Constitución de la República permite “disponer excepcionalmente de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la paz interna” y que según los Acuerdos de Paz de 1992 debía ser eventual y excepcional “únicamente cuando se hubieran agotado todos los medios para ello” .

La Inspectoría General de la Fuerza Armada (IGFA) también lleva un registro de las denuncias contra militares en las labores de apoyo a la seguridad pública; sin embargo, muestra una tendencia radicalmente diferente, donde el total de casos acumulados en los últimos siete años es de 137, e incluso se detalla que solamente seis fueron presentados en su sede, el resto fueron notificados por la PDDH. [VER TABLA COMPARATIVA]

Las funciones de la Inspectoría apenas vienen descritas en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, donde escuetamente se dice que es “un organismo auxiliar, contralor y fiscalizador de la Institución, dependiente funcionalmente del Ministerio de la Defensa Nacional y operativamente de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada”. Pero hay algo en lo que el ente militar coincide con la PDDH, y es el repunte de casos tras la introducción de los militares en labores de apoyo a la seguridad pública.

De las tres denuncias registradas en 2009 en los archivos de la Fuerza Armada, se aumentó a 20 en 2010, alcanzando la máxima cantidad en 2011 cuando se contabilizaron 45 denuncias. Ya en 2015, tras pasar cuatro años con una tendencia a la baja, las denuncias vuelven a aumentar, se cuentan 14.

Los registros de forma arbitraria e ilegal, las amenazas, la intimidación…son las formas como muchos jóvenes de comunidades violentas reconocen ser agredidos por parte de los militares.

La divulgación de un video sobre un registro abusivo cometido el pasado 10 de octubre contra un joven en Ciudad Delgado, fue motivo de denuncia pública por parte de la organización Líderes Solidarios quienes representan los intereses de los jóvenes de El Salvador. En el vídeo difundido por el periodista Edwin Góngora se ve como tres militares golpean y maltratan a un joven por usar piercing y llevar un peinado “diferente”.

La presencia militar se ha ampliado desde 2009, de los 5,515 agentes y un presupuesto de $10,575,00 , se han pasado a 7,900 militares a los cuales en sus labores de apoyo a la seguridad pública se les asignan $30,219,987, según los datos proporcionados por al Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de la Defensa Nacional.

El apoyo del actual presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, hacia la labor de la FAES ha sido manifestada por el mandatario en numerosas ocasiones. En los eventos oficinales resalta la función del ejército y ha demostrado su interés en mantener su presencia en seguridad pública. Sin embargo el año estará cerrando con más de 6,000 homicidios, una cantidad que ya casi dobla al total de casos registrados en 2014 cuando se contabilizaron 3,500. El establecimiento de la paz interna encomendado a la Fuerza Armada está aún lejos de ser una realidad.

LA VIOLENCIA QUE DEJA 2015

Entre enero y agosto de 2015, la Unidad Central de Análisis y Tratamiento de la Información (UCATI) de la PNC, contabilizaba 423 enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos delincuenciales, mientras que en ese mismo periodo de 2014 sumaban 242. En esta guerra no declarada donde se reporta la muerte de 62 policías,18 militares y más de 200 pandilleros, han resultado afectadas terceras personas.

El pasado 6 de agosto, un niño de cinco años jugaba frente a su casa en la comunidad La Isla 1, en San Salvador. Su padre, José Antonio López, denunció entonces que el menor de edad fue herido de bala por un militar que patrullaba la zona.

“El soldado venía persiguiendo a un niño con problemas mentales y venía corriendo por temor a que los soldados lo golpearan o se lo llevaran. Después de haberlo perseguido el soldado le disparó desde la entrada del pasaje; pero, lastimosamente, la bala perdida fue a impactar en la cabeza de mi hijo”, relató Palacios.

El pasado 3 de diciembre la Fiscalía General de la República hizo una reconstrucción de los hechos en la zona. Según fuentes fiscales al momento del incidente se estaba desarrollando un procedimiento y el militar que disparó tenía en la mira a un pandillero que le apuntaba con su arma. En esa línea de fuego se encontraba el niño. La Fiscalía se pregunta qué hace un niño a las 10:00 de la noche jugando en la calle e insiste en que la zona es controlada por pandillas. El niño pasó más de dos meses ingresado en el Hospital Bloom, y aún se recupera de una lesión en el brazo.

La fuente fiscal indica que el soldado, de nombre José Eleazar Santos, quien atendió al niño en el lugar tras percatarse del daño, se ha sometido al proceso judicial por lesiones culposas. Lo que más extraña a la Fiscalía es que el niño estuviera jugando en la calle a esa hora.

Una semana después de los hechos, la PDDH solicitó al ministro de la Defensa, David Munguía Payés un informe sobre los hechos y recomendó una investigación que permitiera individualizar al personal involucrado en el hecho. Según la PDDH en este caso se evidenció que hubo un uso arbitrario del arma de fuego por parte del efectivo militar.

San Salvador es el departamento con más denuncias contra militares, entre 2009 y 2015 acumula 186. El observatorio de Derechos Humanos, Rufina Amaya, que depende del Servicio Social Pasionista (SSPAS), trabaja en los municipios de Mejicanos, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo, zonas altamente pobladas del área metropolitana de San Salvador. La pobreza y exclusión conviven a diario en estos municipios, donde las comunidades son golpeadas por la criminalidad y la represión. En 2014 el observatorio reportó cuatro denuncias por abusos cometidos por militares, pero reconocen que tiene que haber más casos.

“Las denuncias no han aumentado para nosotros y es por el temor. En la misma que se ha incrementado el temor, la gente no quiere hablar. Nosotros acompañamos una red de promotora de derechos humanos que se entera de casos de desplazamiento forzado, procedimientos ilegales de policías en las casas y la gente no quiere decir”, señala Verónica Reyna, subdirectora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).

¿A qué se deben las diferencias en los registros?

Que la PDDH contabilice más de 800 denuncias en siete años y el Ministerio de Defensa menos de 140 (de las cuales 131 fueron notificadas por la Procuraduría), pone en evidencia la falta de coordinación entre las instituciones para dar un seguimiento adecuado a las vulneraciones de derechos humanos. Este desfase estadístico es explicado por el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, quien sostiene que el sistema tradicional de registro trataba de seguir un proceso al estilo judicial, donde cada caso es individualizado. Esta forma de trabajar se torna muy lenta, señala Morales, por lo que espera para 2016 presentar un nuevo modelo donde se agrupen las denuncias por tipo y se reduzca la mora institucional.

La mora es solo una de las causas que genera que no todos los casos denunciados ante la PDDH fueran remitidos a la Inspectoría General de la Fuerza Armada (IGFA).

“En muchos casos entra como denuncia de la PDDH, se estima que también es competencia de otra institución, por ejemplo un abuso que podría ser también investigado por la PDDH para generar una sanción, entonces estas resoluciones se suelen activar, es una modalidad para darle una respuesta más pronta a la víctima. Pero aquí entran en juego los plazos adtministrativos, por ejemplo un caso que llegue o sea procesado en un tiempo que ha prescrito la acción , entonces no tiene sentido redirigirlo, pueden variar las circunstancias caso por caso”, explica Morales.

¿Significa esto que las denuncias no remitidas son desechadas?

“No, siguen activos, puede que en el curso de las investigación no se encuentren elementos y se archiven, eso puede ser elemento de un auto donde se razona cuando es inviable encontrar información: si quien puso la denuncia no hay ninguna referencia, si todo dependía de un testigo que no se localizó… entonces de repente el caso se puede volver inviable y se archiva, no está desechado”, dice Morales.

record_voice_over 889 PDDH

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registra 889 denuncias contra militares entre 2009 y 2015.

record_voice_over 137 INSPECTORÍA

La Inspectoría General de la Fuerza Armada (IGFA) suma 137 denuncias contra militares en labores de seguridad pública entre 2009 y 2015.

trending_up 313 % Crecimiento

En el primer año de las labores de apoyo del ejército en seguridad pública las denuncias aumentaron un 313 % , de 40 pasaron a 165.

Derechos Vulnerados

Los derechos más denunciados ante la PDDH, los que suponen el 75.5 % de las 889 denuncias, es decir 673 de los casos recogidos por la PDDH.



Distribución por departamentos de las denuncias contra militares recibidas por la PDDH entre 2009 y noviembre 2015